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Exposicion de motivos



El fraude en los seguros es una actividad ilegal multimillonaria que afecta a los aseguradores, al gobierno, a los consumidores de seguros y al público en general. Esta actividad abarca un sinnúmero de prácticas. Por un lado, la destrucción voluntaria de la propiedad asegurada, las reclamaciones falsas o infladas, el alegado hurto o destrucción de vehículos inexistentes o inservibles, los accidentes y caídas fingidos en establecimientos comerciales y el cobro de procedimientos y servicios que nunca fueron brindados, entre otras. De igual manera, se desarrollan otras prácticas dentro de la propia industria, tales como la apropiación ¡legal de dinero correspondiente a primas de seguros, venta de seguros y ajuste de pérdidas por personas no autorizadas, la imposición de seguros no deseados y muchas otras más. El costo de tales actos recae en última instancia sobre los hombros del consumidor puertorriqueño, quién sufre los efectos a través de la imposición de primas más altas en los seguros.

Hoy día el negocio de seguros es un servicio de primera necesidad en la sociedad moderna. Con la aprobación de una ley de seguro de responsabilidad obligatorio para vehículos de motor en Puerto Rico, se agudiza aún más la necesidad de establecer medidas que tiendan a desalentar las reclamaciones y otros actos igualmente fraudulentos en el negocio de seguros; de suerte que se puedan mantener tarifas razonables sin que resulte necesario elevar su costo.
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La presente medida tiene el propósito de facilitar la investigación y procesamiento de actividades fraudulentas en el negocio de seguros mediante la prohibición de prácticas específicas que constituyen fraude en los seguros; establecer una unidad de investigaciones especiales antifraude en la Oficina del Comisionado de Seguros; requerir a la Junta de directores de los Aseguradores y Organizaciones de Servicios de Salud adoptar un plan de acción para detectar, prevenir y combatir actos fraudulentos en el negocio de seguros; otorgar inmunidad civil a los aseguradores u otras personas que provean información sobre supuestos actos fraudulentos en el negocio de seguros; e imponer penalidades mayores por la incursión en actividades fraudulentas en el negocio de seguros.